SANTO DOMINGO.- El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, condenó la reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua, ya que representa un grave riesgo para la protección del patrimonio ambiental.
Calificó el fallo como una sentencia temeraria que podría validar antiguas pretensiones de apropiación irregular de terrenos dentro de áreas protegidas, debilitando la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y generando un precedente que expone ecosistemas estratégicos a presiones económicas y particulares.
Recordó que las áreas protegidas han sido creadas mediante leyes sustentadas en estudios científicos y compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.
FALLO ODRIA INCENTIVAR JUDIALIZACION MASIVA
Advirtió que permitir que omisiones administrativas o cartográficas prevalezcan sobre estas disposiciones legales constituye una peligrosa distorsión del principio de legalidad ambiental y del mandato constitucional de preservar el patrimonio natural.
Asimismo, sostuvo que la decisión podría incentivar una judicialización masiva del sistema de áreas protegidas, generando incertidumbre jurídica y debilitando décadas de avances en conservación ambiental.
Reiteró que el desarrollo económico y turístico del país debe realizarse bajo criterios de sostenibilidad y respeto al derecho colectivo a un medio ambiente sano.
ACTUAL CON FIRMEZA DRENTE INTENTO PRIVATIZACION
Domínguez Brito afirmó que el Estado debe actuar con firmeza frente a cualquier intento de privatización o fragmentación de territorios protegidos, señalando que históricamente han existido maniobras para distorsionar la realidad jurídica de estos espacios con el propósito de favorecer intereses particulares.
Exhortó a las instancias judiciales a ponderar, en los recursos correspondientes, el principio de no regresión ambiental y el interés público, al tiempo que reiteró su compromiso con la defensa del patrimonio natural dominicano.
“Las áreas protegidas no son negociables; constituyen una responsabilidad constitucional y moral que debemos preservar para las generaciones presentes y futuras”, concluyó.
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