SANTO DOMINGO.- El abogado Francisco Manzano, defensa de Esmeralda Ortega Polanco, exgerente del Banreservas sucursal Venezuela, solicitó este jueves ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en virtud de las disposiciones del artículo 343, numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal, la absolución de su representada por considerar que el Ministerio Público no logró probar los hechos que se le imputan.
Durante sus réplicas a la acusación del órgano acusador, el abogado enfatizó que su cliente no ostentó la condición de funcionaria pública, por lo que, a su juicio, no puede atribuírsele responsabilidad penal bajo ese fundamento, como detalla la acusación.
Explicó que una certificación oficial acredita que su defendida se desempeñaba como empleada bajo régimen laboral ordinario, siendo contratada, ascendida, premiada y bonificada en esa calidad. “¿Ella es funcionaria? Claro que no”, afirmó el jurista, señalando que la condición de funcionario implica atribuciones conferidas directamente por ley y manejo directo de fondos públicos, elementos que, según dijo, no concurren en este cas
El defensor también rechazó la imputación de los delitos de lavado de activos y asociación de malhechores, al sostener que no se han configurado los elementos típicos exigidos por la normativa penal y que existe una errónea subsunción jurídica en la acusación que, a su entender, no detalla con claridad cómo su clienta habría participado en estructuras criminales.
Por su parte, el Ministerio Público, representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, ha solicitado que Ortega Polanco sea condenada a 10 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos, al imputarle haber facilitado operaciones financieras sin los reportes requeridos como parte de la red que involucró movimientos financieros irregulares por más de RD$4,500 millones.
El juicio es conocido por las magistradas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, quienes deberán ponderar las más de 2,000 pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por las partes antes de emitir su decisión.
Entre las pruebas presentadas por los fiscales durante el proceso judicial se incluyen 2,201 documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos millonarios del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
La acusación incluye prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y testaferrato.
