sábado 5 de octubre a las 11 de la mañana la audiencia de solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canáan –Jochi Gómez– y otros cinco imputados en una supuesta red de corrupción y lavado de activos que operó en el proceso de licitación en que resultó contratada la empresa Transcore Latam para el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El conocimiento de medida de coerción fue fijada luego de que el Ministerio Público depositara la noche de ayer viernes el expediente, en el cual solicita prisión preventiva como medida de coerción contra los siete involucrados y la declaración del caso complejo “por tratarse de crimen organizado”.
Los siete imputados están siendo implicados un esquema de malversación de fondos públicos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), bajo la gestión de Hugo Beras. El órgano persecutor pide que el caso sea declarado complejo.
El escándalo ha generado un clamor generalizado entre la ciudadanía; una parte exige transparencia y justicia, mientras que otra piden a las autoridades judiciales que desarrollen el debido proceso, que se preserven los derechos fundamentales de los procesados.
Mientras tanto, la Procuraduría ha comenzado a realizar interrogatorios a los implicados y ha solicitado la colaboración de exfuncionarios que en sus gestiones realizaron contratos con la empresa Transcore Latam, SRL.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) pospuso para el lunes el interrogatorio al exministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, que tenía contrato con una de las compañías allanadas por el caso de semaforización.
Rubén acudió acompañado de su abogado Jovany Tejada y fue recibido por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.
