QUITO.- La Policía de Ecuador confirmó este martes que halló incinerado, en el sur de Quito, el vehículo del sacerdote Enrique Fabián Arcos Sevilla, recientemente asesinado en la zona andina del país, informó la prensa local.
En el lugar del hallazgo, peritos de Criminalística de la Policía recopilaron evidencias que puedan ayudar a esclarecer el crimen y localizar a los responsables.
El vehículo fue trasladado a los patios de la Policía para continuar con las averiguaciones.
El hallazgo se dio en el marco de la investigación llevada a cabo por las autoridades tras informar este lunes de que el cadáver del religioso fue encontrado en el centro andino del país, cuatro días después de que fuera reportado como desaparecido.
«Informamos que luego de cuatro días de búsqueda, el cuerpo sin vida de Enrique Fabián Arcos Sevilla, reportado como desaparecido desde el 30 de octubre de 2024 en Ambato, fue localizado por el sector de Panzaleo», señaló el lunes la Fiscalía en un mensaje en su cuenta de la red social X.
Según medios locales, al parecer el cuerpo del sacerdote mostraba signos de violencia y tenía las manos atadas, aunque las autoridades no se han referido al respecto públicamente.
El religioso prestaba apoyo en las celebraciones religiosas en la parroquia de Huachi Chico, en el sur de la ciudad andina de Ambato, la capital de la provincia de Tungurahua, según el diario El Universo.
La muerte violenta de Arcos Sevilla se produce en medio de la crisis de inseguridad que vive el país desde hace unos cuatro años, y que llevó a convertir a Ecuador en el más violento de América Latina en 2023, cuando reportó un índice récord de 47,2 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
Ese estado de violencia ha sido atribuida a la acción de grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también a la extracción ilegal de minerales y otros delitos como la extorsión y el secuestro.
Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
