Verificó tecnología de tres consorcios que compiten en la licitación
Tras completar las pruebas de concepto, la Junta Central Electoral (JCE) cuenta con la información necesaria para seleccionar al consorcio encargado de imprimir la nueva cédula de identidad y electoral.
La JCE se trasladó hasta las instalaciones de las empresas que participaron en la licitación para evaluar si realmente cuentan con la tecnología capaz de producir el documento de identidad en las condiciones que les fueron requeridas.
Las pruebas para realizar estas evaluaciones de concepto debían tardar 15 días, a partir del 19 de marzo, pero se hicieron en tres días, 19, 20 y 21 de marzo, porque los oferentes se asociaron en tres consorcios.
El Consorcio EMDOC la hizo el 19, el Consorcio ID SECURE IDS, a su vez, el 20 y el Consorcio CÉDULA 4.0 RD, el 21.
En estas actividades participaron representantes de los partidos políticos, quienes debieron firmar un acuerdo de confidencialidad.
El representante de la Fuerza del Pueblo, Javier Ubiera, explicó que las compañías presentaron el proceso de emisión: toma de datos, calidad y rapidez de la impresión, verificación de la cédula digital y elementos de seguridad.
El delegado técnico del Partido Revolucionario Moderno, Robert Arias, agregó que «se chequeó la tecnología» y se hizo un simulacro. Aseguró que, concluida esta etapa, la adjudicación podría anunciarse de finales de abril a principios de mayo.
Arias afirma que, después de este paso, la entidad que gane el contrato tendrá seis meses para prepararse y comenzar a trabajar, así que los nuevos carnés de identidad podrían comenzar a producirse entre septiembre y noviembre.
El delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, y los dos antes mencionados hicieron una observación favorable del evento y del proyecto macro de sustitución de la vieja cédula.
Cronograma con los ciudadanos
La JCE ha indicado que comenzarían a atender a los ciudadanos en el mes de su cumpleaños hasta concluir la renovación total de la cédula en 12 meses.
En las pruebas participaron representantes de partidos, quienes debieron firmar un acuerdo de confidencialidad que les impide revelar información de naturaleza técnica, comercial, financiera o de cualquier otra índole. Esto incluye las presentaciones, diseños, prototipos, softwares, sistemas y estrategias comerciales.
