A las 2:00 de la tarde de este martes, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá medida de coerción contra Santiago Hazim y los otros nueve implicados en Operación Cobra, el caso que revela uno de los presuntos desfalcos más agresivos cometidos dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo, alegando que se trata de una estructura criminal bien organizada que habría operado desde las entrañas de la institución.
Además de Hazim, están imputados: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
Según la acusación, los imputados no solo violaron la ley: convirtieron SENASA en un centro de operaciones para intereses privados, desviando más de 15 mil millones de pesos del sistema público de salud. El expediente describe una coalición interna que actuaba con plena conciencia y coordinación para manipular procesos, beneficiar aliados y blindar decisiones ilegales.
El Ministerio Público señala al exdirector ejecutivo Santiago Hazim como la cabeza de un entramado que imponía directrices para favorecer su círculo, moviendo recursos estatales a conveniencia.
El consultor jurídico Germán Robles, según el expediente, habría jugado un papel esencial al legitimar aprobaciones irregulares y otorgar ventajas selectivas a terceros, convirtiendo su función en un escudo para decisiones previamente pactadas.
El gerente de Salud, Francisco Iván Minaya, es señalado como ejecutor de acuerdos y habilitaciones de prestadores que no cumplían con requisitos técnicos ni legales. Dirigía —según la acusación— un comité creado al margen de la normativa, diseñado para validar decisiones previamente acordadas.
En la misma línea, el gerente de Atención al Usuario, Roberto Canaán, habría presionado internamente para acelerar habilitaciones sin documentación ni condiciones reglamentarias, favoreciendo aliados del esquema.
A Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación, se le atribuye haber firmado y validado actas que daban apariencia de legalidad a maniobras previamente articuladas.
El Ministerio Público sostiene que estos funcionarios no actuaron en defensa del interés público, sino como parte de una maquinaria interna que utilizó SENASA como plataforma para obtener beneficios económicos y políticos. Las acciones descritas violarían la Constitución, la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y la Ley 87-01 de Seguridad Social.
Este martes se definirá si los señalados enfrentarán el proceso detrás de las rejas, como demanda la gravedad de los hechos imputados.
