El tribunal consideró pertinente posponer el cronograma judicial para garantizar el derecho a la defensa y la presencia del procesado Montero Cruz.
El tribunal presidido por Gissell Méndez e integrado por Tania Yunes y Jissell Naranjo, recesó la audiencia para el 6 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana, tras acoger una solicitud presentada por el imputado, quien se encuentra fuera del país.
La decisión de las juezas se produce justo cuando las partes daban por concluida la etapa de producción de pruebas y se disponían a iniciar los discursos finales de clausura.
El tribunal consideró pertinente posponer el cronograma judicial para garantizar el derecho a la defensa y la presencia del procesado Montero Cruz
Para la próxima audiencia se espera que el tribunal retome la fase de conclusiones. Esta será la oportunidad para que los imputados que deseen dirigirse directamente a las juezas realicen sus declaraciones finales, una vez queden formalmente cerradas las constituciones de las partes.
Con este receso, el proceso entra en una pausa de fin de año, retomando su curso en la primera semana de enero para definir el destino legal de los implicados en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral.
En el caso Coral figuran como acusados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exencargado del Departamento Financiero del Cusep, Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez, pieza clave en el proceso por ser el colaborador principal del Ministerio Público.
En tanto, en la Operación Coral 5G, derivada de Coral, están los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
El grupo es acusado de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través de nombramientos irregulares y otras anomalías en el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
